VETA DILMA

A noite de ontem foi marcado por um acontecimento no Brasil que pode causar problemas irreversíveis ao longo do tempo. A Câmara dos Deputados votou ontem o novo projeto que desfigura o Código Florestal, o conjunto de leis que protege as florestas. Essa nova versão anistia todas as pessoas que desmataram no passado e permite mais desmatamentos. O Código Florestal aprovado ontem na Câmara de Deputados é perverso, cruel, inconsequente. Além de não mais proteger nossas florestas amplia a uma falta de proteção absoluta de uma preciosidade do planeta. Um acordo infame de ruralistas cujo grito forte de guerra pode-ser ouvir anteriormente através de Kátia Abreu. Uma trapaça sem precedentes.

Hoje na imprensa esta escrito "A Câmara concluiu nesta quarta-feira à noite a votação do projeto de reforma do Código Florestal Brasileiro. O novo texto agrada especialmente à bancada ruralista, já que retira punições, possibilita o acesso a crédito bancário a desmatadores e deixa as grandes propriedades desmatadas fora da legislação. Após a votação, a matéria segue para sanção ou veto da presidenta Dilma Rousseff."  As alterações propostas pelo relator Paulo Piau (PMDB-MG) ao texto do Código Florestal. tiveram ao todo, 274 deputados votaram a favor, 184 contra, e dois se abstiveram.  Entre os pontos polêmicos do texto aprovado na Câmara estão a liberação de crédito agrícola para quem desmatou, a vulnerabilidade das áreas em torno de nascentes de rios e a permissão a desmatamentos em topos de morro e manguezais, áreas consideradas sensíveis.

O Brasil é o pulmão do mundo, nossa responsabilidade vai além de nossas fronteiras, isso tudo sem falar das questões não respondidas pelo novo código,como o pequeno agricultor. Que tipo de proteção terá o pequeno agricultor? Como se dará a preservação de suas terras? O dinheiro, as alianças nefastas, o loby, e todos os interesses escondidos por detrás das máscaras selaram um acordo de tragédia anunciada. Caberá a Presidenta Dilma com o bom senso que lhe é peculiar, terminar com essa festa macabra que envolve sacrifício humano, o meu, o seu, e futuramente de todo planeta.

Fátima Pacheco

Jornalista.

Repsol negociaba la venta de YPF a la china Sinopec

Las negociaciones, frustradas tras la nacionalización, se desarrollaban a espaldas del Gobierno argentino, según 'Financial Times'

 La nacionalizaciópn de YPF  por parte de Argentina ha podido desbaratar los planes de Repsol para vender su filial Argentina a la petrolera China Petroleum & Chemical Corporatión (Sinopec), según informa este miércoles el diario Financial times.Este diario asegura que justo antes de que el Gobierno argentino anunciara la nacionalización la compañía española mantenía contactos con la petrolera china para vender su participación.

Repsol y Sinopec ya colaboran en sus operaciones en Brasil. Los contactos para la venta se habrían desarrollado a espaldas del Gobierno argentino, a pesar de que el Ejecutivo de Cristina Fernández debía dar su visto bueno a la operación en virtud de su 'acción de oro' en YPF. Los planes se frustaron el pasado lunes tras la expropiación de un 51% del accionariado de la compañía en manos de Repsol.

En una rueda de prensa celebrada este martes en Madrid, el presidente de Repsol, António Brufau, cifró el valor de YPF en 18.300 millones de dólares (unos 14.000 millones de euros) y reconoció haber recibido propuestas por escrito de varias empresas internacionales para adquirir una parte de YPF, pero no se refirió en concreto a Sinope

El interés de las compañías petroleras chinas por YPF no es nuevo: en 2009 Petrochina y CNOOC mostraron su interés en adquirir la compañía a un precio de más de 15.000 millones de dólares.

Fuente - http://www.publico.es/dinero/429948/repsol-negociaba-la-venta-de-ypf-a-la-china-sinopec

La nacionalización de YPF, filial de Repsol, por el gobierno de Argentina

Algunos esclarecimientos necesários sobre lo que esta pasando ahora entre el gobierno Argentino y el gobierno de España. Este texto me fue enviado por un amigo español y creo que es bueno que podamos compartir con los demás.

Alberto Garzón

Pijus Economicus

El gobierno de Argentina, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, ha confirmado los rumores de los últimos días y ha anunciado la nacionalización de la empresa YPF, filial de la multinacional REPSOL. En este post recopilamos la información más relevante que hemos publicado estos días sobre esta cuestión.

En primer lugar conviene hacer algunas aclaraciones acerca de la propia medida, pues de momento las informaciones son imprecisas. Se habla tanto de “expropiación” como de “nacionalización” y de “compra”, sin precisar mucho más. Las definiciones son importantes y deben acompañar a los conceptos, pero hasta el momento la información disponible nos indica que se trata, efectivamente, de una nacionalización –por lo tanto pagada, pero sin precio asignado hasta el momento- por parte del gobierno argentino. No se trata de una decisión voluntaria por parte de las dos partes, sino de una decisión unilateral que, no obstante, asigna un precio a la entidad por adquirir[1].

En segundo lugar, YPF es una entidad que no es propiedad al cien por cien de la multinacional Repsol. En realidad Repsol controla en torno al 57% de YPF, lo que la convierte en el socio mayoritario y el que tiene poder de control y gestión, pero no es el beneficiario pleno de la actividad de YPF. El resto de la empresa es propiedad de capital privado argentino y de capital flotante (propiedad de capital argentino y extranjero).

En tercer lugar, la historia es importante. YPF fue fundada en 1922 por el Estado argentino y fue de titularidad pública hasta 1992, cuando comenzó el proceso de privatización auspiciado por los organismos internacionales –especialmente el Fondo Monetario Internacional- en el marco de los llamados planes de ajuste. La empresa terminó de privatizarse en 1999 cuando Repsol –otra empresa que fue en otro tiempo pública, en este caso española- se hizo con la mayoría de las acciones de YPF.

Durante la etapa de la “sustitución de importaciones” -a partir años treinta- YPF jugó un rol fundamental en la reestructuración de la economía argentina. La influencia de los autores dependentistas y neomarxistas llevó a Argentina a una estructura económica que la situó entre los países más avanzados del mundo en la época de posguerra, atrayendo a gran parte de los refugiados por la II Guerra Mundial. Su modelo de exportación de materias primas fue progresivamente sustituido por uno en el que la industria jugaba un rol crucial, proporcionando un modelo de crecimiento más sólido que permitió unas condiciones laborales estables y un incipiente sistema de protección social.

Tras la dictadura militar y la crisis estructural de los años setenta y ochenta, el gobierno argentino de Carlos Menem fue el responsable de la privatización, si bien fueron las políticas del Consenso de Washington las que inspiraron dicho proceso. Junto a esa privatización se dieron reformas estructurales que llevaron a la privatización de los planes de pensiones, reformas en el mercado de trabajo que precarizaron las condiciones laborales y otras reformas que llevaron a la gravísima crisis de 2000. Sólo después de que Argentina se rebelara contra el FMI y sus planes de ajuste, incluso acometiendo una quita de la deuda –no pagar parte de la deuda externa-, pudo el país volver a remontar aquella situación.

En cuarto lugar, Repsol no es técnicamente una empresa española, y en absoluto es propiedad de todos los españoles. Más del 50% de la multinacional es propiedad del capital extranjero (el 42% pertenece a fondos de inversión extranjeros –gestionados habitualmente por grandes bancos- y el 9’5% pertenece a la empresa mexicana PEMEX). El resto de la empresa es propiedad del grupo de capital privado español Sacyr (10%), de una entidad financiera española como Caixabank (12’83%) y de más capital privado español.

En quinto lugar, Repsol proporciona beneficios a la economía española que podrían considerarse nimios. Repsol declara en España el 25% de sus beneficios totales por todo el mundo, y en 2010 pagó impuestos aquí por valor de 949 millones de euros a un tipo impositivo efectivo del 26’8%. Ello quiere decir que ni siquiera paga el 30% que corresponde como tipo nominal por tributar en España. Repsol paga otro tipo de impuestos en los países donde opera, como Argentina o Libia, pero también tiene operaciones en paraísos fiscales. Y su operativa financiera muy probablemente no se contabilice en España.

En sexto lugar, el crecimiento y desarrollo de Repsol –que debe mucho a la privatización argentina de YPF- no es igual de beneficioso para todas las partes que conforman la multinacional. Mientras los beneficios contables han crecido un 11’97% entre 1998 y 2007, el salario medio de sus empleados sólo ha crecido un 1’71%. Eso quiere decir que los mayores beneficiados han sido los accionistas privados –fundamentalmente grandes empresas extranjeras y otras españolas- y no sus trabajadores.

En séptimo lugar, Repsol-YPF en tanto que empresa privada sólo persigue maximizar el beneficio en el corto plazo –para sus accionistas, además-, de modo que su estrategia empresarial no tiene por qué alinearse necesariamente con la estrategia de desarrollo de la economía argentina. Esta es precisamente una de las razones que aduce el gobierno argentino, que desea recuperar la empresa para poder usarla como instrumento efectivo de desarrollo.

En definitiva, hablamos de un fenómeno económico que debe analizarse desde un enfoque adecuado. No están enfrentados los intereses de dos naciones distintas, sino los intereses nacionales de Argentina y los intereses económicos de sujetos privados de distintas nacionalidades –y entre ellas, en menor grado, españoles-. Por lo tanto, es una falacia considerar esta medida económica como un ataque a España. Es una compra legal, que en todo caso podría estar minusvalorada –ya veremos-, y que afecta a los intereses de unos sujetos económicos –grandes empresas y bancos- que no comparten beneficios con el resto de la sociedad.

Esta no es la guerra de los trabajadores españoles. En todo caso queda pendiente ver si la gestión de YPF, a partir de ahora en poder del Estado argentino, será beneficiosa para los trabajadores argentinos o si, por el contrario, será YPF un instrumento al servicio de las oligarquías argentinas. No obstante, no es ese el tema que ahora nos ocupa.

Es una vergüenza que el gobierno español salga en defensa de los intereses de las grandes empresas españolas que poseen un capital minoritario de Repsol, en perjuicio de los intereses nacionales de un país soberano como Argentina. Más aún cuando mientras eso ocurre el gobierno está efectuando políticas de recortes que hacen recaer el peso de la crisis sobre la población española más desfavorecida.

Para el gobierno del PP el grado de atención y ayuda prestada depende del tamaño del bolsillo. Lo que debería hacer el PP, en vez de proteger los intereses de los más ricos, es replantearse su política económica y reflexionar acerca de si no es mejor opción de política económica imitar a Argentina y proceder a la recuperación de determinados instrumentos políticos. Instrumentos que deberían ponerse al servicio de los españoles en su conjunto, y no de unos pocos adinerados con capacidad para especular en distintos mercados financieros –entre ellos el de acciones.

Más información:

Algunos datos sobre Repsol.

¿Cuánto paga Repsol en impuestos?

Fuente original: http://www.agarzon.net/?p=1804#comments

CPMI do Cachoeira lista governadores e dono da Veja para explicar ligações com crime organizado

Os governadores de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, e o dono da revista semanal de ultradireita Veja, Roberto Civita, além do senador Demóstenes Torres – que figura em primeiro lugar na lista dos convocados para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Cachoeira – deverão ser ouvidos no Congresso sobre as ligações que manteriam com o crime organizado no país. Segundo o deputado Fernando Ferro (PT/PE), Civita deverá ser convocado para explicar os cerca de 200 telefonemas trocados entre o redator-chefe da revista em Brasília, Policarpo Júnior, e o bicheiro Carlinhos Cachoeira. A CPI também deverá investigar os engavetamentos de investigações pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, e as relações entre Demóstenes Torres e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.

Nas duas últimas semanas, o noticiário da revista tenta tergiversar com uma tentativa de trazer à pauta o noticiário do julgamento, no STF, que tende a inocentar vários dos acusados de integrar um possível sistema organizado de corrupção na Câmara e no Senado. A CPI também terá a oportunidade de verificar o que há por trás das denúncias que os veículos da mídia conservadora estabeleceram como “mensalão”, após a PF descobrir que haviam interesses nada republicanos, e sim, ao que tudo indica, de organizações criminosas com interesses escusos contrariados na série de denúncias que culminou, ainda no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na queda do ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu.

Nos grampos efetuados pela PF e vazados para a imprensa, aparecem telefonemas de Cachoeira para Policarpo Júnior que levantam suspeitas de que o bicheiro encomendava matérias de seu interesse para lhe favorecer nos negócios ou prejudicar seus inimigos. Dono da empreiteira Delta, Fernando Cavendish também está na lista dos possíveis convocados para depor na CPMI do Cachoeira. Ele é amigo pessoal dos governadores Marconi Perillo (Goiás) e Sérgio Cabral Filho (Rio de Janeiro), responsáveis pela liberação de recursos milionários para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em seus Estados.

Na véspera, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, reafirmou a intenção do governo de investigar todas as denúncias que envolvem a Delta Construções, maior empreiteira do PAC e corrigir eventuais irregularidades. A empreiteira, com acesso franqueado aos governos estaduais do Rio de Janeiro e de Goiás, é citada na Operação Monte Carlo, que prendeu o bicheiro Cachoeira. O diretor regional de Brasília e Goiás, Cláudio Abreu, é apontado como integrante do esquema de Carlinhos Cachoeira.

– Isso vai ser investigado. De qualquer maneira, qualquer irregularidade terá de ser corrigida, como a gente sempre faz cada vez que elas são identificadas – disse a ministra.

A Delta Construções recebeu do governo de Marconi Perillo, entre janeiro de 2011 a março deste ano, R$ 151,5 milhões em contratos licitados, segundo informações do site ComprasNet, da Secretaria estadual de Gestão e Planejamento, e do Transparência Goiás. Em 2010, por sua vez, na gestão do então governador Alcides Rodrigues, a administração estadual pagou à Delta cerca de R$ 46,7 milhões em serviços de custeio para manutenção de atividades de instâncias de governo. O chega a ser oito vezes maior do que em 2009, quando a empresa recebeu apenas R$ 5,5 milhões.

Dos contratos realizados nos últimos 13 meses entre a Delta e o governo de Goiás, 11 deles foram com a Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), principalmente para a execução de obras realizadas em rodovias. Dois outros convênios foram relacionados à secretaria estadual de Segurança Pública (SSP), referentes à locação de automóveis e a obras. No Estado do Rio, a empreiteira recebeu, em 2001, R$ 47 milhões, em 2002, R$ 61,8 milhões, em 2003, R$ 15,1 milhões, em 2004, R$ 76,1 milhões, em 2005, R$ 142,8 milhões, em 2006, R$ 163,9 milhões, em 2007, R$ 67,2 milhões, em 2008, R$ 126,8 milhões, em 2009, R$ 243,4 milhões, em 2010, R$ 554,8 milhões, em 2011, R$ 358,5 milhões e, até agora em 2012, R$ 138,4 milhões.

Na Prefeitura do Rio, a Delta também conseguiu fechar contratos milionários, entre 2008 e 2011, no total de R$ 420,2 milhões. Deste total, R$ 186,7 milhões na gestão do atual prefeito, Eduardo Paes (PMDB), em contratos com obras de urbanização e na locação de veículos e equipamentos de limpeza urbana. O último deles, fechado em agosto do ano passado, refere-se à implantação do Parque de Madureira, estimado em R$ 71 milhões. O restante foi pago à Delta Engenharia na administração do ex-prefeito Cesar Maia (DEM), que também deverá ser chamado a depor na CPMI do Cachoeira.

A Delta também foi acusada de praticar preços escorchantes na construção da nova sede do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), no antigo prédio do Jornal do Brasil, do qual foi diretor o atual secretário de Saúde do governo Cabral, Sérgio Côrtes. Em agosto do ano passado, a Controladoria Geral da União (CGU) recomendou à direção do Into que exija da empreiteira a imediata “devolução dos valores pagos com sobrepreço e dos serviços executados em duplicidade”. Segundo denúncia do site Consultor Jurídico, o relatório da CGU encontrou um sobrepreço estimado em R$ 23,5 milhões no custo da segunda etapa da construção do hospital.

Composição

A Secretaria-Geral da Mesa do Senado entregou, na noite passada, ao presidente da Casa e do Congresso Nacional, José Sarney (PMDB-AP), o levantamento sobre como ficará a composição da CPMI do Cachoeira. As indicações dos membros que irão compor a parte do Senado na CPMI serão divididas de acordo com os blocos formados pelos diversos partidos políticos, segundo as informações da Secretaria-Geral da Mesa. Dessa forma, caberão ao bloco de apoio ao governo – que inclui PT, PCdoB, PSB, PDT e PRB – cinco indicações de membros titulares. Ao bloco da maioria – composto exclusivamente pelo PMDB – caberão mais cinco indicações de membros. Ao bloco da minoria, formado no Senado por PSDB e DEM, serão destinadas três vagas. O novo bloco União e Força, formado por PR, PSC e PTB, terá direito a duas vagas.

Com essa divisão serão preenchidas as 15 vagas do Senado na comissão mista. Além delas, de acordo com a secretaria, haverá uma vaga extra para garantir espaço aos partidos que não fazem parte de blocos e, portanto, não alcançam o critério da proporcionalidade. Nesse caso, essa vaga deverá ser dividida entre PSOL, PP, PV e PSD. O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), já adiantou que o partido fará indicações internas para todas as vagas a que terá direito e não pretende ceder para outras legendas.

– Somos 21 senadores. Se tivemos 15 membros (do Senado na CPMI), o PMDB irá indicar cinco membros. Não teremos dificuldade porque a bancada é grande – declarou Renan após reunião com o presidente Sarney e o líder do governo na Casa, Eduardo Braga (PMDB-AM).

Fonte - http://correiodobrasil.com.br/cpmi-do-cachoeira-lista-governadores-e-dono-da-veja-para-explicar-ligacoes-com-crime-organizado/431783/

O golpe no Brasil e a doutrina de segurança nacional (EMIR SADER)

O golpe e a ditadura militar no Brasil foram aplicação direta da Doutrina de Segurança Nacional. Esta foi a doutrina elaborada pelos EUA e que comandou suas ações durante a guerra fria.

Seu conteúdo totalitário vem das concepções positivistas, que buscam transferir modelos da biologia para as sociedades contemporâneas. O modelo de funcionamento de um corpo humano saudável daria o critério para o funcionamento harmônico das sociedades, com seu critério finalista, em que cada parte contribui para o bom funcionamento do todo. Como consequência, qualquer segmento que não esteja nessa lógica, estaria sabotando o funcionamento harmônico da totalidade e deveria ser extirpado.

Essa lógica deu numa proposta totalitária, que não comporta o conflito, a divergência, a diversidade. A Doutrina de Segurança Nacional recolheu essa concepção e lhe deu um caráter militar, em que as FFAA de cada país – e as dos EUA no plano internacional – seriam os responsáveis pelo funcionamento harmônico das sociedades.

Inserida na lógica da guerra fria, significava que qualquer divergência faria o jogo dos que queriam destruir o corpo social, sua ação deveria ser atribuída a uma inserção de vírus de fora para dentro do organismo social, deverá ser combatida com toda a força e ser extirpada.

A harmonia interna estava identificada com economias de mercado e com os valores da ideologia liberal. As ameaças, aos perigos do comunismo internacional, a que deveriam ser associadas todas as ações, organizações e pessoas que objetivamente estivessem obstaculizando o livre funcionamento do mercado e das instituições liberais.

Na sua aplicação concreta no Brasil, os opositores eram catalogados como agentes da subversão internacional, patrocinada pela URSS, pela China e por Cuba. Os editoriais do Estadão usavam a expressão de governo “petebo-castro-comunista” para catalogar o governo do Jango. Os outros órgãos da mídia seguiam a mesma linha, consideravam que a democracia estava em risco e pregavam uma ação militar para resgatar a liberdade. As marchas que todos apoiavam se auto intitulavam “Marchas da família com Deus pela propriedade” e organizavam rezas domésticas com o lema “Família que reza unida, permanece unida”. Estariam em perigo os valores mais tradicionais do país: a família (as crianças poderiam ser mandadas para a Rússia e Cuba), a religião (que seria perseguida e proibidas as escolas religiosas) e a propriedade (que seria abolida e expropriada pelo Estado).

A concepção funcionalista desembocou no lema da ditadura: Brasil, ame-o ou deixe-o”, com plásticos em carros dos adeptos do Brasil apropriado pelos militares. O Estado foi militarizado e transformado no quartel general das FFAA, desde onde controlavam o país através do SNI – Sistema Nacional de Informaçoes –, buscando transformar o país numa caserna sob controle dos militares.

Foi em nome dessa concepção totalitária que a ditadura militar buscou expurgar os que considerava riscos para seu controle militar do país. Prendia arbitrariamente, interrogava com os mais brutais métodos de tortura, fuzilava e fazia desaparecer os corpos dos que considerava opositores.

Essa mesma doutrina comandou a golpe e a ditadura na Guatemala, desde 1954, fazendo do país o mais massacrado de todo o continente. Valeu para as ditaduras militares no Chile, no Uruguai, na Argentina e orientou a ação da direita por todo o continente.
Emir Sader
http://www.cartamaior.com.br